ARCA aprieta a trabajadores

15 de junio de 2026
Región Sur Noticias

 

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) lanzó un operativo que sacudió el tablero tributario: intimó a miles de empleados en relación de dependencia, alcanzados por la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias, tras detectar irregularidades en las deducciones informadas para el período fiscal 2025. El organismo confirmó que se trata de una acción de fiscalización enmarcada en un programa de cumplimiento voluntario. La lupa estuvo puesta en las deducciones generales, especialmente en el rubro indumentaria, donde se registraron gastos que excedían lo permitido. Las notificaciones fueron enviadas al domicilio fiscal electrónico de cada contribuyente, con los ajustes correspondientes. Desde ese momento, los intimados cuentan con quince días hábiles para regularizar la situación mediante el pago electrónico (VEP). Aunque ARCA evitó precisar cifras, trascendió que el universo afectado rondaría los 23.000 casos, dentro de los 800.000 trabajadores que debieron presentar su declaración jurada a fines de marzo. El recorte apunta a quienes superan los tres millones de pesos de salario bruto anual en el caso de los solteros. Las irregularidades detectadas se concentraron en deducciones improcedentes: indumentaria y equipamiento que no eran de uso laboral exclusivo, gastos de automóviles declarados por quienes no están inscriptos como corredores o viajantes de comercio, deducciones educativas aplicadas sin la condición de responsabilidad parental, y aportes a Sociedades de Garantía Recíproca sin el carácter de socio protector. En el terreno de las cargas de familia, el organismo recordó que las deducciones por hijos menores de 18 años deben ser aplicadas por uno de los padres en su totalidad, o repartidas en partes iguales si están separados. La decisión de ARCA no sólo busca corregir inconsistencias, sino también enviar un mensaje político: el Estado endurece los controles para cerrar grietas en el sistema tributario y garantizar que los beneficios fiscales se utilicen de manera legítima, evitando abusos que erosionen la recaudación.