Boleto: nueva batalla social

El transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires vuelve a colocarse en el centro del debate político y social con la entrada en vigencia de un nuevo cuadro tarifario que impacta tanto en colectivos como en trenes. La Secretaría de Transporte puso en marcha la actualización prevista en el esquema escalonado anunciado en mayo, que contempla incrementos diferenciados según la jurisdicción y el tipo de servicio. En los colectivos de alcance nacional, que conectan la Ciudad de Buenos Aires con el conurbano y dependen de la regulación del Estado central, la suba fue del 2%. El boleto mínimo para quienes cuentan con la tarjeta SUBE registrada pasó a costar $728,28, mientras que los recorridos más extensos superan los $1.200. En contraste, los usuarios que no tienen su tarjeta registrada enfrentan valores duplicados, con tarifas que van desde $1.456,56 hasta $2.455,52. La situación es aún más gravosa en las líneas provinciales, numeradas a partir del 200 y que circulan exclusivamente dentro del territorio bonaerense. Allí, el boleto mínimo con SUBE registrada se ubica en $1.015,61 y puede trepar hasta $1.791,02 en los viajes más largos. Para quienes acceden a la tarifa social, los valores se reducen, aunque siguen marcando una diferencia significativa frente al esquema nacional. El sistema ferroviario metropolitano tampoco quedó al margen. Las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Belgrano Sur registraron un aumento del 12,9%. El pasaje mínimo con SUBE quedó en $350, mientras que pagar en efectivo implica abonar una tarifa plana de $1.100. La próxima actualización ya tiene fecha: en julio, el boleto mínimo pasará a $380 y las secciones superiores también verán incrementos. El mecanismo de ajuste, que toma como referencia la inflación y suma dos puntos adicionales, anticipa que los incrementos continuarán en las próximas semanas tanto en colectivos como en trenes. Así, el costo del transporte público se convierte nuevamente en un factor de tensión cotidiana para millones de usuarios del AMBA, que observan cómo las diferencias entre jurisdicciones y modalidades de pago profundizan la desigualdad en el acceso a un servicio esencial.