Créditos “privilegiados”
El oficialismo volvió a quedar expuesto en un capítulo de sospechas por corrupción. Esta vez, el foco está puesto en los créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación a figuras políticas de alto rango. La revelación surge de un pedido de acceso a la información pública que confirma lo que ya se insinuaba: entre enero de 2024 y marzo de 2026, la entidad bancaria concedió 1.120 préstamos a Personas Políticamente Expuestas (PEP), un universo que incluye funcionarios de los tres poderes del Estado y que, por normativa, debería estar sujeto a controles reforzados de la Unidad de Información Financiera (UIF). El dato se suma a la polémica que estalló en abril, cuando trascendió que varios funcionarios mantenían deudas millonarias con el banco. Entre los nombres más resonantes figuran Felipe Núñez (373 millones de pesos), Federico Furiase (367 millones) y Pedro Inchauspe (510 millones). La magnitud del fenómeno es reveladora: casi uno de cada 23 créditos otorgados por el Banco Nación fue destinado a dirigentes políticos, en un total de 25.391 operaciones. La cifra pone en cuestión los mecanismos de control y la transparencia en el manejo de fondos públicos. La Resolución 192/24 de la UIF establece que se considera PEP a quienes ejercen o ejercieron funciones públicas relevantes: desde el presidente y vicepresidente de la Nación hasta legisladores, gobernadores, ministros, jueces, fiscales, embajadores y altos mandos militares. La definición también alcanza a familiares directos y a quienes hayan ocupado esos cargos en los últimos dos años. Bajo este marco, los bancos están obligados a identificar y monitorear las operaciones de estas personas para prevenir delitos financieros como el lavado de activos. El caso abre un nuevo frente de conflicto para el gobierno de La Libertad Avanza, que ya enfrenta críticas por su manejo de la transparencia institucional. La Justicia deberá determinar si detrás de estos créditos hubo irregularidades o si se trató de un uso legítimo de las herramientas financieras. Mientras tanto, la opinión pública observa con creciente desconfianza cómo se repite un patrón: los beneficios del sistema parecen concentrarse en quienes deberían estar más vigilados.