Espert cuestiona investigación fiscal

El exdiputado liberal José Luis Espert optó por no brindar declaración indagatoria en la investigación que lo involucra por presunto lavado de activos. En su lugar, presentó un escrito acompañado de documentación y correos electrónicos que, según su defensa, constituyen piezas centrales para demostrar la legalidad de la operación cuestionada. La estrategia, remarcan sus abogados, responde a la necesidad de garantizar un debido proceso y no implica un rechazo definitivo a declarar, sino una postergación. La defensa solicitó además que el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, retome personalmente la conducción del expediente, actualmente delegada en el Ministerio Público Fiscal. El pedido se fundamenta en lo que consideran irregularidades en la producción de prueba y en la filtración de información bajo secreto de sumario. La causa gira en torno a una transferencia de 200 mil dólares vinculada a la organización del condenado Federico “Fred” Machado. El dinero habría ingresado a una cuenta de Espert en Estados Unidos desde una firma señalada como parte de una red criminal transnacional. Para justificar la operación, el exdiputado exhibió un contrato de servicios firmado en 2019 con Machado, en su rol de gerente de Minas del Pueblo SA. La fiscalía, sin embargo, sostiene que se trató de un documento simulado. Entre los argumentos expuestos, la defensa subrayó que los hechos ya forman parte de otro expediente iniciado en 2021 y advirtió sobre el riesgo de duplicidad de procesos. También cuestionó la amplitud de las medidas de prueba, que incluyeron seis años de comunicaciones y datos de personas ajenas al caso, lo que, según remarcan, vulnera el principio de objetividad fiscal. El escrito denuncia además la existencia de más de un centenar de publicaciones periodísticas que reprodujeron actuaciones reservadas, señalando que la responsabilidad recae en quienes debían preservar la confidencialidad. Como respaldo, los abogados aportaron once correos electrónicos que, afirman, acreditan la negociación y ejecución de un contrato profesional legítimo. Dichos mensajes fueron validados mediante pericias técnicas y certificaciones notariales. La defensa, encabezada por Claudio Lamela, insiste en que Espert “no ha cometido delito alguno” y que la transferencia responde a una contratación real y documentada. En esa línea, remarcan que no buscan frenar la investigación, sino que reclaman que sea el juez quien conduzca directamente el proceso, garantizando imparcialidad y transparencia.