Gastos sin explicación
La investigación sobre el patrimonio de Manuel Adorni, actual jefe de Gabinete de Javier Milei, avanza con nuevos capítulos que comprometen tanto al funcionario como a su esposa, Bettina Angeletti. Documentación bancaria y registros oficiales revelan un nivel de consumo que desborda ampliamente los ingresos declarados, reavivando las sospechas sobre el origen de los fondos. De acuerdo con el relevamiento realizado por el periodista Hugo Alconada Mon, durante 2025 la pareja registró gastos superiores a los 85 millones de pesos en tarjetas de crédito, con un promedio mensual que superó los 7 millones. Todo ello mientras Adorni percibía un salario bruto cercano a los 3,5 millones y Angeletti figuraba como monotributista. El informe expone que entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 los consumos acumulados treparon a más de 176 millones de pesos en VISA, Mastercard y American Express, siempre cancelados en tiempo y forma. La regularidad de los pagos, incluso en meses donde las erogaciones duplicaban el sueldo oficial del funcionario, es uno de los puntos que más inquieta a los investigadores. Ejemplos concretos refuerzan la sospecha: en agosto de 2024 se abonaron más de 7,5 millones, en mayo de 2025 otros 7,1 millones, y en octubre de ese mismo año casi 9,7 millones. La pregunta que guía la pesquisa es clara: ¿De dónde provenían los recursos para sostener semejante nivel de gasto? El cambio en el perfil de consumo también es significativo. Según fuentes del expediente, el matrimonio pasó de compras en cuotas a desembolsos de miles de dólares en viajes internacionales, gastos en el exterior y una polémica refacción en el country Indio Cuá valuada en 245 mil dólares. A ello se suman expensas mensuales de 700 mil pesos y cuotas escolares de alrededor de 800 mil pesos, que ni siquiera aparecen en los resúmenes de las tarjetas. La magnitud de las cifras y la disparidad con los ingresos declarados colocan a Adorni en el centro de un debate político inevitable: la transparencia en el ejercicio del poder y la necesidad de rendir cuentas ante la sociedad. La investigación judicial no sólo apunta a esclarecer el flujo de dinero, sino también a evaluar si el estilo de vida del funcionario es compatible con la austeridad que pregona el Gobierno.