Infancia judicializada

Finalmente quedó promulgada la Ley 27.801, que inaugura un nuevo Régimen Penal Juvenil en Argentina. La medida, oficializada mediante el decreto 138/2026 en el Boletín Oficial, reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y establece un sistema de sanciones específico para quienes cometan delitos antes de alcanzar la mayoría de edad. La votación en el Senado reflejó la tensión política: 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención. El Gobierno defendió la iniciativa como un paso hacia la “responsabilidad legal” de los adolescentes, mientras que la oposición advirtió sobre riesgos en materia de derechos humanos y cuestionó la velocidad del trámite parlamentario. La normativa fija un máximo de 15 años de detención, aunque subraya que la privación de libertad debe ser el último recurso y por el tiempo más breve posible. Se prohíben las penas perpetuas y los antecedentes penales permanentes. Además, se exige que los jóvenes detenidos sean alojados en espacios adecuados, separados de los adultos, y bajo personal especializado. El texto también reconoce de manera explícita los derechos de las víctimas, garantizando su participación activa en el proceso y habilitando la responsabilidad civil de los progenitores de los imputados. Se prevén instancias de mediación y conciliación, siempre que la víctima lo consienta. La Ley 27.801 abre un nuevo capítulo en la justicia juvenil: entre la promesa de educación y reinserción, y la polémica por el endurecimiento de las sanciones. Su aplicación pondrá a prueba la capacidad del Estado para equilibrar seguridad, derechos y futuro de los adolescentes.