“La batalla del alquiler”

En la provincia de Buenos Aires, el drama del alquiler se convirtió en una pulseada política que atraviesa a miles de familias. Los aumentos de contratos, las garantías cada vez más exigentes y el peso de las expensas se combinan con un costo que, según un grupo de senadoras, resulta abusivo: las comisiones inmobiliarias que recaen sobre los inquilinos. Con el respaldo de Inquilinos Agrupados, las senadoras María Rosa Martínez, Laura Clark y Mónica Macha de Unión por la Patria presentaron un proyecto para reformar la Ley 10.973, que regula la actividad de corredores y martilleros. La propuesta busca que los honorarios de intermediación sean asumidos exclusivamente por los propietarios de las viviendas destinadas a uso habitacional. La iniciativa no se limita a un cambio administrativo: incorpora como falta profesional cualquier intento de cobrar comisiones, gastos de gestoría o administración a los inquilinos. Además, obliga a las inmobiliarias a exhibir en oficinas y sitios web carteles visibles que informen que estos costos corresponden al locador, con el fin de que quienes buscan alquilar conozcan sus derechos. Las legisladoras sostienen que la normativa actual deja el pago librado a un acuerdo entre las partes, pero que en la práctica son los inquilinos quienes terminan absorbiendo el gasto. En sus fundamentos remarcan que los arrendatarios constituyen “la parte más débil del contrato” y que, por necesidad, aceptan pagar por un servicio que en realidad fue contratado por el propietario. El proyecto se apoya en antecedentes de otras jurisdicciones, como la Ciudad de Buenos Aires, Río Negro y La Pampa, donde el esquema ya está vigente, y se inscribe en un contexto de creciente dificultad para acceder a una vivienda: tras la derogación de la Ley de Alquileres, la oferta de inmuebles aumentó, pero los precios siguieron escalando por encima de la inflación y los salarios. Según datos del Censo 2022, en la provincia existen cerca de tres millones de viviendas alquiladas, cifra que dimensiona el alcance de la medida. Así, el debate sobre las comisiones inmobiliarias se convierte en un nuevo capítulo de la disputa política por el derecho a la vivienda, donde se enfrentan intereses de propietarios, inmobiliarias e inquilinos en un escenario económico cada vez más áspero.