Números que incomodan

La renuncia de Marco Lavagna a la conducción del INDEC excede largamente una cuestión de gestión interna. Su salida se produce en un contexto de fricciones con el Gobierno, atravesado por una disputa sensible: cómo se mide la inflación, el indicador económico más relevante para la actual administración. El ex titular del organismo había impulsado una actualización metodológica del Índice de Precios al Consumidor (IPC), basada en una canasta más acorde a los patrones de consumo vigentes. Entre las modificaciones más relevantes se destacaba un aumento en la ponderación de los servicios, un rubro que viene ganando peso estructural en el gasto de los hogares. Hasta ahora, los incrementos tarifarios habían tenido un impacto menor en el índice, no por una decisión política explícita, sino por la forma en que estaba diseñada la fórmula vigente. Esa subestimación comenzó a generar preocupación en el Ejecutivo, que apuesta a consolidar un proceso de desaceleración inflacionaria como eje de su discurso público. En ese escenario, la actualización técnica del IPC dejó de ser un asunto estadístico para convertirse en un frente político. De acuerdo con fuentes oficiales, desde el Gobierno se le solicitó a Lavagna que demorara la aplicación del nuevo esquema de medición. La razón: con ajustes tarifarios ya en marcha y con una mayor incidencia de los servicios, el índice podría mostrar una dinámica menos favorable en el corto plazo. Las estimaciones privadas refuerzan esa inquietud. Varias consultoras proyectan que la inflación de enero, que se conocerá el 10 de febrero, se ubicaría en torno al 3%, e incluso algunos analistas prevén registros superiores, cercanos al 3,1%, lejos del sendero descendente que busca exhibir el oficialismo. En contraste, el ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo en declaraciones radiales que el dato “debería rondar el 2,5%”. Si esa previsión no se cumple y el índice supera el 2,8% de diciembre, el funcionario quedaría expuesto; más aún si el IPC vuelve a superar el umbral del 3%. Aplicar la nueva metodología en un contexto de reducción de subsidios y fuertes aumentos tarifarios, tendría un efecto directo sobre el índice general. Con un mayor peso de los servicios, la inflación podría escalar en términos estadísticos, aun cuando el Gobierno sostenga que se trata de un fenómeno transitorio.