El Gobierno Nacional decidió enviar al Congreso un proyecto de ley que reconfigura el tablero energético argentino y desata tensiones con la provincia de Buenos Aires. La iniciativa, que se presenta como continuidad de la Ley Bases, apunta a reducir subsidios, modificar el régimen de Zona Fría, condicionar a las cooperativas eléctricas y habilitar el traslado automático de costos a las tarifas. En una conferencia de prensa, el subsecretario de Energía bonaerense, Gastón Ghioni, advirtió que el paquete “golpea directamente a los bonaerenses” y denunció que la administración nacional busca avanzar en la desregulación del sector, la privatización de empresas públicas y la pérdida de prioridad del abastecimiento interno. Uno de los puntos más sensibles es la Zona Fría: la propuesta elimina la ampliación del beneficio y deja fuera a unos 95 municipios. Los que permanezcan recibirán un subsidio limitado al 50% del precio del gas, sin contemplar transporte ni distribución. Ghioni alertó que esto impactará de manera inmediata en los hogares y en la economía regional. El proyecto también prohíbe incluir conceptos ajenos al servicio en las facturas, lo que implicaría la desaparición del fondo compensador tarifario que sostiene a cooperativas eléctricas en pequeñas localidades. Para el funcionario, se trata de un avasallamiento de la autonomía provincial y anticipó que recurrirán a la Justicia. Respecto de las energías renovables, Ghioni reclamó que la promoción de inversiones se vincule con la generación de empleo y valor agregado local, criticando la dependencia de insumos importados. “Hoy llegamos al extremo de importar hasta las torres de los molinos eólicos”, señaló. Finalmente, el subsecretario cuestionó la habilitación del traslado automático de costos a las tarifas, que permitiría que cualquier variación internacional o devaluación se refleje de inmediato en las boletas. Según Ghioni, esto privaría al Estado de un mecanismo para amortiguar los vaivenes económicos y dejaría a los usuarios expuestos a aumentos desmedidos, como ocurre actualmente con los combustibles. La disputa entre Nación y Provincia se anticipa áspera: el Congreso será el escenario inicial, pero los tribunales podrían convertirse en el próximo campo de batalla.
