En una jornada marcada por la polémica, el Gobierno de Javier Milei oficializó la puesta en marcha del Régimen de Inocencia Fiscal, previsto en la Ley 27.799. La medida, que entró en vigencia de inmediato tras la aprobación parlamentaria, fue presentada como un giro radical en la política tributaria argentina. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) celebró la iniciativa asegurando que “evadir ya no será un delito penal”. En adelante, los contribuyentes que incumplan podrán regularizar su situación pagando lo adeudado, sin enfrentar procesos judiciales. El nuevo esquema introduce cambios de magnitud: el umbral de evasión simple se eleva a 100 millones de pesos, mientras que el de evasión agravada alcanza los 1.000 millones. Además, el plazo de prescripción se reduce de cinco a tres años, lo que limita las posibilidades de investigación futura. La administración libertaria busca con esta normativa habilitar un blanqueo permanente de capitales, en un país donde se estima que entre 140 mil y 170 mil millones de dólares permanecen fuera del sistema financiero, cifra que triplica las reservas internacionales que el Banco Central tenía al cierre de 2024. El régimen también establece un sistema simplificado para el Impuesto a las Ganancias, con requisitos como ingresos anuales de hasta $1.000 millones y patrimonio inferior a $10.000 millones. ARCA ofrecerá declaraciones juradas precargadas que los contribuyentes podrán revisar y presentar, con efecto liberatorio si cumplen en término. La reglamentación incorpora la figura del “nuevo período fiscal base”, que se actualiza cada vez que el contribuyente ratifica su adhesión. Los períodos anteriores quedan protegidos por la presunción de exactitud, salvo que exista una intervención previa de ARCA. Otro aspecto relevante es la reducción del 50% en las multas para quienes regularicen su situación dentro de los 45 días posteriores al vencimiento. Además, se mantiene la posibilidad de realizar compraventas de inmuebles en efectivo, conforme al Decreto N.º 22/2001. Con esta decisión, el Gobierno apuesta a consolidar un esquema de mayor previsibilidad para los contribuyentes y, al mismo tiempo, abrir la puerta a la repatriación de fondos que hoy permanecen fuera del circuito formal.
