En el tablero político y económico argentino, las pequeñas y medianas empresas se han convertido en protagonistas de una crisis que amenaza con desbordar los límites institucionales. El presidente de Industriales PyMEs Argentinos (IPA), Daniel Rosato, advirtió que la apertura de concursos preventivos en la Ciudad de Buenos Aires se disparó más de un 130% en el último año, un dato que anticipa que 2026 podría superar incluso los niveles críticos de la pandemia. Rosato reclamó una reacción inmediata del presidente Javier Milei y del ministro de Economía Luis Caputo, al tiempo que exigió al Congreso nacional la aprobación urgente de una ley de emergencia económica. “No hay tiempo para debates ideológicos, sólo para salvar a las empresas y a sus trabajadores”, sostuvo, marcando el tono de alarma que atraviesa al sector. El diagnóstico elaborado por el área legal de IPA, encabezado por Germán Pizzano, es contundente: entre noviembre de 2023 y principios de 2026 cerraron 24.437 empresas, dejando a más de 327.000 trabajadores fuera del sistema de riesgos laborales. La contracción productiva derivó en un proceso de desinversión sin precedentes, con pérdida neta de inversión extranjera directa por primera vez en 22 años. La crisis no sólo golpea al entramado productivo, también desborda al sistema judicial. En 2025 se registraron 190 concursos preventivos, frente a 82 en 2023, y en el primer trimestre de 2026 ya se iniciaron 92 procesos, superando los niveles de los años anteriores. La capacidad ociosa industrial alcanza el 40,2%, y el impacto social se traduce en desempleo, caída del salario real y debilitamiento del consumo. Ante este escenario, IPA propone un blindaje jurídico transitorio, inspirado en la Ley 25.563, que suspenda ejecuciones hipotecarias y prendarias, extienda plazos de exclusividad y facilite soluciones preventivas. Según Pizzano, el objetivo es dar tiempo a las PyMEs para recomponer capital de trabajo y evitar la quiebra definitiva. El documento institucional concluye con una advertencia política: la legislación de emergencia será inútil si no se acompaña de un cambio en el rumbo macroeconómico, capaz de reactivar el mercado interno, recuperar empleo y fortalecer el salario real.
