La diputada nacional por Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, encendió la polémica al presentar una denuncia que apunta directamente al corazón del oficialismo. Según su planteo, el gobierno de Javier Milei habría utilizado recursos del histórico fideicomiso creado en 2001, financiado con un porcentaje fijo sobre cada litro de combustible, como herramienta de presión y negociación parlamentaria. En declaraciones radiales, Tolosa Paz advirtió que tres cuartas partes de esos fondos deberían transferirse automáticamente a obras viales, pero que el Ejecutivo demora las partidas para especular con los intereses y manipular el déficit fiscal. La legisladora Marcela Pagano profundizó la acusación: al rastrear el destino del dinero restante, detectó que los desembolsos coincidían con votaciones clave en el Congreso. “Los giros se liberaban desde el Banco Nación justo 48 horas antes o después de sesiones decisivas”, señaló. El caso más emblemático, según Pagano, ocurrió en julio de 2024, cuando el Senado debatió por segunda vez la Ley Bases. Los pagos a provincias se activaron en paralelo a la negociación y, con el respaldo de aliados, el oficialismo logró la aprobación. “Los gobernadores recibieron recursos a través de las direcciones de vialidad provinciales, y sus legisladores acompañaron al Gobierno”, denunció. Pagano sostuvo que Milei evita usar fondos del Tesoro Nacional para no exhibir debilidad, pero que en la práctica “canjea dinero por votos”. En su análisis, los meses en que el fideicomiso permaneció congelado fueron los mismos en que el oficialismo fracasó en sacar adelante proyectos de ley. Con dureza, calificó la maniobra como “un manoteo de borrachos” y acusó al Presidente de haber claudicado frente a la misma “casta” que prometió combatir.
