Los gremios docentes bonaerenses, AMET, FEB, SUTEBA y UDOCBA anunciaron un paro provincial para el 30 de junio, en un escenario que tensiona la relación con la administración de Axel Kicillof. La medida, que excluye a los privados nucleados en SADOP, se inscribe en el reclamo por la reapertura de paritarias y la urgente recomposición salarial frente a la inflación y el deterioro del poder adquisitivo. La protesta emerge como la primera acción de alcance masivo durante la gestión de Kicillof, y refleja el creciente malestar en las bases sindicales. A la demanda económica se suma la denuncia por hechos de violencia en las escuelas, con agresiones de estudiantes y familiares hacia docentes, lo que agrava el clima laboral en el sistema educativo. El conflicto se desarrolla en un terreno de fragmentación gremial: sectores disidentes como SUTEBA Multicolor, con vínculos con la izquierda, y la Asociación de Maestros de la Provincia de Buenos Aires (AMPBA) buscan instalarse como actores con peso propio en la discusión. Hasta ahora, sólo FEB había concretado un paro aislado en rechazo a las negociaciones salariales. Los sindicatos advierten que el núcleo del problema es la pérdida del poder adquisitivo y exigen una convocatoria inmediata a nuevas paritarias con propuestas concretas. También plantean reclamos sobre la sobrecarga laboral, el desfinanciamiento de la educación técnica, la reforma previsional y el funcionamiento de IOMA. En la última reunión de la Comisión Paritaria Docente, el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) presentó una agenda amplia que incluyó la aplicación del Acuerdo de Resguardo ante situaciones de violencia, la culminación de titularizaciones en técnica y la discusión de un Convenio Colectivo de Trabajo. El Gobierno provincial, sin embargo, no ofreció una propuesta salarial, limitándose a anunciar un aumento del 30% en asignaciones familiares. La pulseada sindical abre un nuevo capítulo en la política educativa bonaerense: los gremios buscan recomponer ingresos y condiciones laborales, mientras el Ejecutivo enfrenta el desafío de administrar recursos en un contexto de ajuste y restricciones financieras.
