El ajuste tarifario se ha convertido en uno de los ejes más sensibles de la vida cotidiana en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Desde el cambio de gobierno, los aumentos en electricidad, gas, agua y transporte desbordaron la inflación promedio y han golpeado con especial dureza a los sectores más vulnerables. Allí, el peso de los servicios públicos sobre los ingresos familiares se multiplicó, obligando a muchos hogares a destinar más de una quinta parte de sus recursos a cubrir gastos básicos que antes ocupaban un lugar mucho menor en la economía doméstica. La Fundación Capital, en su último informe, expone con crudeza la magnitud del fenómeno. Mientras el índice de precios al consumidor avanzó cerca de un 33% en el último año, las tarifas de electricidad y gas treparon un 55% y el transporte público un 49%. En paralelo, los salarios del sector privado registrado apenas crecieron un 29,7%, lo que explica por qué el bolsillo se siente cada vez más ajustado. La consultora dirigida por Martín Redrado advierte que, aunque el golpe más fuerte se dio en 2024, la combinación de tarifas más altas, consumo invernal y sueldos rezagados mantiene la presión sobre el poder adquisitivo. El impacto, sin embargo, no es homogéneo. Una familia que vive con dos salarios mínimos debe destinar el 22% de sus ingresos al pago de servicios, cifra que cuadruplica lo que representaba a fines de 2023. Los jubilados con dos haberes mínimos más bonos enfrentan un gasto del 17,3%, también muy por encima de lo que pagaban hace apenas un año. En los hogares de ingresos medios, el peso oscila entre el 10% y el 14%, mientras que en los sectores más altos apenas llega al 3%. La desigualdad en la distribución del ajuste queda así expuesta: quienes menos tienen son los que más pierden. La Fundación Capital recuerda que, al inicio de la actual administración, los servicios públicos representaban apenas el 4,3% del ingreso promedio. Hoy, esa proporción se ha más que duplicado. Y aunque el sector residencial ya cubre en promedio el 80% del costo de generación eléctrica, frente al 33% de hace dos años, todavía persisten subsidios que alivian parcialmente la carga en algunos hogares. En transporte, la situación es aún más marcada: los usuarios del AMBA financian apenas el 31% del costo real del boleto. De cara al segundo semestre, el escenario que plantea la consultora es de una recomposición salarial moderada, insuficiente para revertir la pérdida acumulada. La recuperación, advierte, se parecerá más a “dejar de perder” que a un verdadero motor de la actividad económica. En ese contexto, el consumo masivo podría mostrar un leve repunte, pero seguirá condicionado por la dinámica tarifaria y por la fragilidad del ingreso disponible.
