El Poder Ejecutivo resolvió demorar la puesta en marcha del nuevo esquema de subsidios a la energía eléctrica y al gas natural, una reforma que recorta de manera significativa el universo de usuarios alcanzados por la asistencia estatal.
Según explicaron fuentes oficiales, la postergación obedece a trámites pendientes dentro de la estructura administrativa. En particular, resta la publicación del decreto reglamentario que habilite el nuevo sistema. A partir de allí, la Secretaría de Energía deberá definir y comunicar los valores actualizados del gas y de la generación eléctrica, un proceso que, en los hechos, desplaza la entrada en vigencia del esquema al mes próximo. Con ese cronograma, el impacto del rediseño tarifario no se reflejaría en las facturas hasta marzo. Mientras tanto, las boletas continuarán bajo el régimen actual. Aunque desde la Casa Rosada insisten en que se trata de una cuestión meramente técnica, la demora tiene un efecto político y económico concreto: contribuye a moderar la presión de las tarifas sobre el índice de inflación. El dato cobra relevancia luego de que el Indec informara que el IPC de diciembre registró un incremento del 2,8%, en un contexto de subas mensuales sostenidas durante siete meses consecutivos. El nuevo modelo de subsidios implica un cambio estructural respecto del sistema vigente desde 2022. La segmentación por niveles de ingresos será reemplazada por un esquema binario: hogares con subsidio y hogares que abonarán el costo pleno de la energía. La administración libertaria plantea que el objetivo central es trasladar a los usuarios “los costos reales” del servicio y reducir de manera drástica la cantidad de beneficiarios. En esa línea, el acceso a los subsidios quedará restringido a los hogares con ingresos mensuales inferiores a tres Canastas Básicas Totales, tomando como referencia los valores informados por el Indec a noviembre de 2025.
