La crisis metalúrgica se ha convertido en un espejo incómodo de la economía argentina y en un desafío político de primer orden. Abril dejó cifras que profundizan la recesión: la producción cayó 4,3% interanual y retrocedió 1,3% respecto de marzo, acumulando una contracción de 6,2% en lo que va de 2026. El dato más alarmante es el desplome en la utilización de la capacidad instalada, que se ubica en apenas 40,9%, el nivel más bajo de los últimos cuatro años. En términos concretos, seis de cada diez plantas permanecen prácticamente paralizadas. El deterioro atraviesa a casi todos los segmentos: la fundición se desplomó 13,6%, seguida por otros productos de metal (-5,7%), equipamiento médico (-5,6%), bienes de capital (-4,8%), equipo eléctrico (-4,5%) y autopartes (-1,7%). Sólo maquinaria agrícola (+5,1%) y carrocerías y remolques (+3,9%) lograron escapar a la tendencia negativa. El mapa regional también refleja retrocesos: Buenos Aires (-5,1%), Entre Ríos (-4,7%), Córdoba (-3,7%), Santa Fe (-0,9%) y Mendoza (-0,6%). El empleo industrial no quedó al margen: la ocupación cayó 2,3% interanual y retrocedió 0,1% frente a febrero. Para Elio Del Re, presidente de ADIMRA, el desplome en la capacidad instalada es el indicador más gráfico de la crisis: “Estamos midiendo caída tras caída”, advirtió, subrayando que la demanda sigue en niveles bajos y que los márgenes empresariales se encuentran cada vez más comprometidos. El trasfondo político es evidente. La recesión industrial se produce en un contexto de desaceleración inflacionaria y cierta estabilidad macroeconómica, pero sin que ello se traduzca en recuperación productiva. La caída del consumo interno, el encarecimiento financiero y la apertura importadora configuran un cuadro que interpela directamente al gobierno: la crisis metalúrgica ya no es solo un problema sectorial, sino un termómetro de la capacidad oficial para sostener la industria nacional y preservar el empleo en un horizonte inmediato que luce poco alentador.
