Esta semana promete convertirse en un escenario de tensión institucional: Axel Kicillof, gobernador bonaerense, se prepara para desembarcar en la Corte Suprema en el marco de la audiencia convocada por el máximo tribunal para dirimir el reclamo por fondos previsionales que, según la Provincia, el gobierno de Javier Milei retuvo indebidamente. La cita judicial no es menor. Se trata de la primera aparición de peso de Kicillof tras su regreso de la gira por España, y su presencia en los tribunales agrega volumen político a un expediente que ya acumula cifras millonarias: más de $2,2 billones que, de acuerdo con los funcionarios bonaerenses, debieron ser transferidos al sistema jubilatorio provincial. El antecedente inmediato marca el tono: en la audiencia del 17 de marzo, representantes de ANSES admitieron no contar con datos suficientes para calcular las supuestas transferencias adeudadas. La Corte, tajante, invalidó el planteo y otorgó un mes de plazo para que el organismo nacional presente la documentación. Ese plazo vence ahora, y la expectativa se concentra en lo que ocurra en la sala del tribunal. El gobierno provincial celebra la instancia de mediación como un espacio de legitimidad institucional. Pablo López, ministro de Economía, lo expresó con claridad: “Gracias a este ámbito pudimos plantear el reclamo por la deuda que la Nación mantiene con nuestra Provincia”. Pero lo que está en juego excede el expediente previsional. La provincia acumula ocho demandas ante la Corte por un total de $15,6 billones, que incluyen recortes en fondos de seguridad, transporte y educación, además de incumplimientos en acuerdos fiscales. Cada audiencia abre la puerta a que esos reclamos se multipliquen y se conviertan en un frente judicial de magnitud contra la Casa Rosada.
