El Poder Ejecutivo confirmó que impulsará el debate de la Ley Penal Juvenil durante las sesiones extraordinarias de febrero, con la intención de reformar el régimen vigente y reducir la edad de responsabilidad penal. En el entorno presidencial señalan que el objetivo inicial es fijarla en 13 años, aunque no descartan que el límite se eleve a 14 si no se alcanzan los consensos necesarios en la Cámara de Diputados, donde comenzará el tratamiento. Desde la Casa Rosada indicaron que la estrategia será construir acuerdos amplios entre los distintos bloques para asegurar el avance del proyecto. La iniciativa que se pondrá en discusión será, en líneas generales, la misma que ya ingresó anteriormente al Congreso, según confirmaron fuentes de La Libertad Avanza. No obstante, el dictamen que promueve el Ejecutivo podría incorporar artículos de otros proyectos vinculados a la temática, lo que permitiría introducir cambios respecto de la versión que obtuvo despacho en Diputados en mayo de 2025. En cuanto al cronograma, se prevé que el debate en comisiones se inicie en la segunda semana de febrero y, de reunir los respaldos suficientes, el proyecto podría llegar al recinto de la Cámara Baja hacia mediados de ese mes. De prosperar, el Senado lo abordaría durante el período de sesiones ordinarias, a partir de marzo. La decisión de ampliar el temario de extraordinarias se produjo luego del crimen de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años asesinado en Santa Fe. La causa judicial estableció que los responsables fueron su novia, también menor de edad, y dos jóvenes de 14 y 15 años, lo que reactivó el debate sobre la edad de imputabilidad. En el oficialismo reconocen que el caso funcionó como un catalizador para reinstalar la discusión en la agenda pública. Por ahora, la Ley Penal Juvenil será la única iniciativa que comenzará su recorrido en Diputados, mientras que el resto de los proyectos tendrá inicio en el Senado. Asimismo, fuentes oficiales no descartan que se sumen nuevas propuestas al listado de extraordinarias, que ya incluye, además de la reforma penal juvenil, la reforma laboral, cambios en la Ley de Glaciares, la designación de Fernando Iglesias como embajador en Bélgica y el eventual acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.
