Infancias sin ley

La Escuela N°40 “Mariano Moreno” de San Cristóbal, Santa Fe, se convirtió en escenario de una tragedia que volvió a sacudir al país: un alumno ingresó armado, asesinó a un compañero e hirió a otros estudiantes. El hecho, además de la conmoción social, reactivó un debate que lleva meses empantanado en la Legislatura bonaerense: la incorporación de la educación emocional como política obligatoria en las aulas. En ese tablero, la diputada provincial del Frente Renovador, Luciana Padulo, retomó su reclamo para que el Senado destrabe el proyecto que ya cuenta con media sanción en Diputados. La iniciativa, que modifica la Ley 13.688, busca instalar contenidos vinculados al autoconocimiento, la regulación emocional y las habilidades sociales en todos los niveles educativos. “No hay más tiempo, los chicos están solos frente a estas problemáticas”, advirtió la legisladora, en un mensaje que resonó con fuerza tras la tragedia santafesina. El expediente descansa en comisiones clave del Senado, Educación, Salud, Legislación General y Asuntos Constitucionales, que aún no fueron conformadas en este período 2026. Esa parálisis institucional es señalada por el massismo como un obstáculo que, a la luz de los hechos, se vuelve insostenible. La escuela, remarcan, sigue siendo uno de los pocos espacios estatales capaces de detectar violencia, ansiedad, aislamiento o abuso. Padulo trae a la memoria el antecedente del programa Convivir, implementado en Tigre durante la gestión de Sergio Massa como intendente, donde talleres y espacios de escucha permitieron identificar conflictos de raíz familiar y reducir la conflictividad escolar. Esa experiencia, asegura, es la prueba de que la educación emocional no es un concepto abstracto, sino una herramienta concreta de prevención. La discusión, entonces, excede lo pedagógico: se trata de definir si la escuela será reconocida también como ámbito de contención emocional y social. Mientras tanto, la Legislatura bonaerense enfrenta la presión de un país que observa con alarma cómo la violencia irrumpe en las aulas y exige respuestas institucionales. La pregunta que flota en los pasillos es si la tragedia de Santa Fe logrará finalmente quebrar la inercia del Senado y acelerar una ley que, por ahora, sigue atrapada en los cajones.