La pulseada entre el Ejecutivo y las universidades públicas sumó un nuevo capítulo. La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal cerró la puerta a la apelación oficial y dejó en claro que la Ley de Financiamiento Universitario y de Recomposición del Salario Docente debe aplicarse sin más dilaciones. Con las firmas de Sergio Fernández y Jorge Morán, el tribunal ratificó lo que ya había marcado la primera instancia: el decreto presidencial que intentaba suspender la norma votada por el Congreso carece de validez. La apelación libertaria fue desestimada con dureza, al ser calificada como “poco seria”. La historia arrastra meses de idas y vueltas. El Gobierno promulgó la ley 27.795 en 2024, pero lo hizo a disgusto y sin asignar los fondos necesarios, lo que en la práctica bloqueó su ejecución. Frente a esa maniobra, las universidades nacionales recurrieron a la Justicia con un amparo colectivo. El fallo inicial les dio la razón, pero la Casa Rosada buscó revertirlo. Ahora, la Cámara volvió a inclinar la balanza en favor del sistema universitario y advirtió sobre los riesgos de seguir demorando la aplicación: salarios docentes cada vez más erosionados y becas estudiantiles congeladas en un contexto de inflación persistente. El Consejo Interuniversitario Nacional celebró la resolución: “La disposición judicial ordena aplicar la Ley tal como lo habíamos solicitado en reiteradas oportunidades”. Y remató con un mensaje político: “Es una excelente noticia para la comunidad universitaria en un momento extremadamente delicado”.
