El Ministerio de Relaciones Exteriores selló un contrato por más de 114 millones de pesos con la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), institución dirigida por María Josefina Rouillet, esposa del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. La operación, destinada a capacitar en inglés a 132 diplomáticos y aspirantes, desató un vendaval político que combina tecnicismos administrativos, vínculos familiares y acusaciones de favoritismo. La Cancillería defendió la adjudicación como parte del Plan Estratégico de Capacitación 2025–2027, asegurando que se cumplieron todos los pasos legales y que intervinieron la Oficina Anticorrupción (OA) y la SIGEN. Incluso se firmó un Pacto de Integridad para reforzar la transparencia. El canciller Pablo Quirno sostuvo que el procedimiento “no tuvo irregularidades” y recordó que la AACI viene prestando servicios similares desde 2018, con valores actualizados por inflación. Sin embargo, la polémica se instaló en el Congreso y en los medios. La senadora Juliana Di Tullio (FPV) denunció que el contrato es “un choreo de acá a Júpiter” y anticipó una presentación judicial. La oposición cuestiona el monto adjudicado y la contratación directa, señalando que el costo por alumno supera al de un curso regular ofrecido al público general. El Gobierno retruca que el servicio incluye materiales importados, certificaciones internacionales y evaluaciones específicas para el cuerpo diplomático. El expediente deja constancia de un “vínculo positivo” entre la adjudicataria y un ministro nacional, encuadrado como relación familiar. Ese dato, lejos de ser accesorio, se convirtió en el núcleo del debate político: ¿Es suficiente la intervención de los organismos de control para despejar sospechas de favoritismo, o el vínculo personal invalida la transparencia del proceso? La controversia se amplifica en un contexto de alta sensibilidad política, donde cada contratación estatal es observada con lupa. El oficialismo insiste en que se activaron todos los mecanismos de control previstos por la normativa vigente. La oposición, en cambio, pone el foco en la discrecionalidad y en el uso de fondos públicos. El resultado: un contrato que, más allá de su objetivo académico, se transformó en un caso testigo de cómo los vínculos personales pueden tensar la frontera entre lo legal y lo legítimo en la política argentina.
