La Cámara Federal de San Martín decidió dar un golpe de timón en un expediente que había ganado notoriedad en medio de la crispación electoral. Con la firma de los jueces Néstor Barral y Alberto Lugones, el tribunal revocó los procesamientos dictados contra tres dirigentes y militantes acusados de participar en el escrache contra el entonces diputado nacional José Luis Espert, ocurrido en Beccar, y declaró la falta de mérito. El episodio, recordado por la violencia simbólica de un pasacalle injurioso, el lanzamiento de excrementos en la vereda y la distribución de panfletos, había derivado en la detención de Eva Mieri, intendenta interina de Quilmes, Alexia Abaigar, funcionaria bonaerense, y el militante Iván Nicolás Díaz Bianchi. La jueza de primera instancia, Sandra Arroyo Salgado, había encuadrado los hechos como atentado contra el orden público, amenazas agravadas e incitación al odio político. La Cámara, sin embargo, desmontó esa construcción. Señaló que las pruebas eran insuficientes, que las interpretaciones se alejaban de los hechos concretos y que no existían elementos para sostener la existencia de una organización con fines de coerción política. En su resolución, los magistrados remarcaron que el derecho penal no puede apoyarse en el “clima social” ni en el contexto político, sino en evidencias verificables. El fallo, además, incluyó un mensaje directo a la magistrada de primera instancia: prudencia y rigor en los fundamentos, para evitar que la justicia se convierta en un eco de la coyuntura.
