El sistema financiero argentino atraviesa un momento de tensión silenciosa. Tras el movimiento inicial del Banco Nación, que el 1 de junio lanzó un paquete de medidas agresivas para contener la mora en su cartera de individuos y familias, las entidades privadas comenzaron a desplegar su propia estrategia. Sin anuncios rimbombantes ni planes masivos, los bancos están convocando directamente a sus clientes morosos para negociar salidas caso por caso. Según fuentes del sector, cerca de 4 de cada 10 deudores estarían en vías de regularizar su situación, aunque no existen datos oficiales que lo respalden. El Banco Central, por su parte, ya definió que no intervendrá: la resolución de la crisis deberá surgir de la dinámica pura del mercado. Esta decisión marca un contraste con otros momentos de la historia financiera, donde la autoridad monetaria actuó como amortiguador. Hoy, las entidades sostienen que, pese a que la mora de las familias ronda el 15%, uno de los niveles más altos desde la salida de la Convertibilidad, no se trata de un problema sistémico. El crédito al sector privado apenas representa menos del 10% del PBI, lo que aleja el fantasma de una crisis similar a la de las hipotecas en Estados Unidos en 2008. Sin embargo, la presión social se hace sentir. Voces influyentes en redes reclaman al BCRA que fuerce una baja de las tasas activas, que superan los tres dígitos reales, mientras los bancos captan depósitos a tasas casi negativas. Las entidades responden que el riesgo creciente de la mora encarece inevitablemente el crédito. Un informe de la consultora Analytica, basado en datos oficiales, advierte que en abril la irregularidad en la cartera de crédito a las familias trepó al 15,4%. Más preocupante aún: el 26,9% de las personas con deuda en el sistema financiero ampliado se encuentra en mora. Se trata de 5,3 millones de individuos sobre un universo de 19,8 millones de deudores, con una deuda total que asciende a $74,2 billones, equivalente al 6,5% del PBI. El 82,4% de ese monto corresponde a bancos, el 10,1% a Fintech y el 7,5% a mutuales, cooperativas y otros actores. El contraste es claro: mientras la mora en bancos se ubica en torno al 11,9%, en las Fintech escala al 21,6% y en el resto de entidades llega al 43,1%. Este dato explica por qué las entidades tradicionales insisten en que su exposición no compromete la estabilidad del sistema. La política oficial, al menos por ahora, se mantiene firme: no habrá rescates ni intervenciones. El desenlace dependerá de la capacidad de cada banco para negociar con sus clientes y de la resistencia de las familias frente a tasas que parecen inalcanzables.
