En el Senado comenzó a desplegarse una tensión que promete convertirse en uno de los capítulos más ásperos de la agenda sanitaria nacional. El gobierno de Javier Milei envió un proyecto para reformar la Ley de Salud Mental y, de inmediato, las alarmas se encendieron en casi todas las provincias. La cita en el Consejo Federal de Salud (COFESA) fue el escenario donde Mario Lugones, ministro libertario, intentó convencer a sus pares de una iniciativa que ya encuentra resistencia frontal en Buenos Aires. La discusión no surge en el vacío. La semana pasada, en Mar del Plata, el Consejo de Salud Provincial (CoSaPro) reunió a Nicolás Kreplak con autoridades de 18 distritos. Allí se puso sobre la mesa un dato que atraviesa la política y la estadística: en el último año las internaciones por salud mental crecieron un 77% y la demanda ambulatoria un 134%. Cifras oficiales que, lejos de ser números fríos, reflejan una crisis que se traduce en preocupación por el suicidio y el deterioro del acceso a la atención. El rechazo provincial fue categórico. Los funcionarios advirtieron que la reforma libertaria implicaría un retroceso: menos financiamiento, más barreras en urgencias e internaciones y la desarticulación del enfoque comunitario que sostiene la ley vigente. Frente a esa avanzada, las provincias reclamaron reactivar el Consejo Federal de Salud Mental y Adicciones (COFESAMA) y subrayaron que los padecimientos en esta área requieren políticas de largo aliento, no parches coyunturales. La Pampa, Neuquén, Tierra del Fuego, Misiones, Buenos Aires, Santiago del Estero, Chubut, Salta, Córdoba, Santa Fe, Río Negro, Tucumán, Formosa, Corrientes, La Rioja, Jujuy, Santa Cruz y San Luis estuvieron presentes en la pulseada. En paralelo, los 135 municipios bonaerenses se alinearon detrás de un documento que reafirma el Plan Quinquenal y defiende la ley actual frente a cualquier intento de reforma regresiva. “Limitar derechos o recortar financiamiento sólo agravará la crisis”, fue la frase que sintetizó el consenso. La crónica de este debate muestra un tablero dividido: un gobierno nacional que busca modificar la arquitectura legal de la salud mental y un bloque provincial que, con números en la mano, denuncia que la iniciativa no responde a la magnitud del problema. El desenlace de esta disputa no se definirá en un día, pero el COFESA de hoy marcará el tono de una confrontación que promete prolongarse en el tiempo.
