La escena del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires amaneció bajo un clima de tensión. Los colectivos circulan con frecuencia reducida, como si la ciudad se moviera al ritmo de un sábado cualquiera. Pero detrás de la postal de paradas abarrotadas y unidades colapsadas, late un conflicto que expone la fragilidad del sistema: el aumento de los combustibles y la demora en el pago de subsidios han puesto en jaque las finanzas de las empresas concesionarias. La Unión Tranviarios Automotor (UTA), bajo el liderazgo de Roberto Fernández, lanzó una advertencia que resuena como ultimátum. En un comunicado dirigido al subsecretario de Transporte de la Nación, Fernando Cortes, el gremio recordó que está a punto de vencerse el plazo legal para el pago de salarios. Si los haberes de marzo no se acreditan, la respuesta será inmediata: abstención de tareas. La amenaza de paro se convierte así en un arma de presión en un tablero donde cada movimiento tiene impacto directo en millones de pasajeros. El conflicto se agudizó tras las declaraciones de Marcelo Pasciuto, titular de la empresa Dota, quien reconoció que ni Nación ni Provincia habían transferido los fondos correspondientes. Con un tono que buscó calmar las aguas, prometió que la Provincia pagaría “el lunes próximo” y que la Nación lo haría “en el transcurso de la semana”. Incluso sugirió que los choferes trabajaran igual hasta que el dinero se acreditara. La UTA reaccionó con furia: “Con estos sobresaltos es imposible trabajar con tranquilidad. Transportamos personas todos los días en condiciones inseguras, ¿Queremos sumar más riesgos?”, replicaron. Los colectivos seguirán funcionando con frecuencia reducida, pero la amenaza de una paralización total se cierne sobre el AMBA. El transporte, ese engranaje vital de la vida urbana, se convierte en escenario de disputa entre subsidios demorados, salarios pendientes y un gremio que no está dispuesto a ceder.
