Generación “atrapada”

Generación “atrapada”

La inserción laboral de la juventud se ha convertido en un verdadero campo de disputa política y económica. Los últimos relevamientos confirman un dato alarmante: seis de cada diez argentinos de entre 18 y 24 años trabajan sin registro formal, lo que los deja fuera del sistema de aportes jubilatorios, cobertura de salud y derechos básicos garantizados por la legislación. La informalidad no es sólo una estadística: es un condicionante que erosiona ingresos, limita el acceso a créditos y posterga la posibilidad de construir una trayectoria profesional estable. En términos estructurales, también compromete la sustentabilidad futura del sistema previsional, al reducir la base de aportantes. Economistas y especialistas en empleo advierten que la combinación de estancamiento económico, presión tributaria sobre la contratación formal y falta de experiencia laboral juvenil explica gran parte del fenómeno. A ello se suma la concentración de oportunidades en sectores como comercio, gastronomía, servicios personales y plataformas digitales, ámbitos donde la precariedad es la norma. El nivel educativo marca diferencias notorias: quienes completaron estudios terciarios o universitarios tienen más chances de acceder a empleos registrados, mientras que los jóvenes que abandonaron la secundaria enfrentan un riesgo mucho mayor de quedar atrapados en la informalidad. La desigualdad de género agrava el panorama: las mujeres jóvenes se concentran en tareas de cuidado y servicios domésticos, actividades con altísimos niveles de precarización. La problemática excede lo económico y se instala como una cuestión de política pública. La falta de empleo formal juvenil no solo condiciona el presente, sino que proyecta consecuencias de largo plazo sobre la cohesión social y la sostenibilidad del sistema laboral argentino. Frente a este escenario, especialistas coinciden en la urgencia de políticas activas: programas de capacitación, incentivos fiscales para la contratación de jóvenes, reducción de costos de incorporación y sistemas de formación profesional alineados con las demandas productivas.