La escena económica argentina vuelve a encenderse en el tablero político con un protagonista habitual: el precio de los combustibles. Desde que estalló el conflicto en Medio Oriente, el litro de nafta se transformó en un termómetro de la tensión global y local. En las estaciones porteñas de Shell y Axion, la súper ya supera los $2.000, y llenar el tanque de un auto mediano ronda los $100.000, una cifra que resume la magnitud del golpe al bolsillo ciudadano. El aumento, superior al 23% desde el inicio de la crisis, no es un fenómeno aislado. Detrás de los surtidores se dibuja el mapa de una disputa geopolítica entre Estados Unidos e Irán, que empuja el precio internacional del petróleo y deja a las economías dependientes del crudo en una posición incómoda. Argentina, con su estructura energética atada a las importaciones y a la volatilidad del mercado, siente el impacto en cada litro. En el frente interno, YPF intenta contener la escalada desde abril con ajustes graduales, pero la estrategia apenas logra amortiguar el golpe. La política de precios administrados se enfrenta a una realidad que no concede tregua: el encarecimiento del transporte y la logística se filtra en la cadena de costos y alimenta la inflación, ese viejo fantasma que ningún gobierno consigue exorcizar. La suba del combustible, más que un dato económico, se convierte en un símbolo político. En los despachos oficiales se discute cómo frenar una dinámica que erosiona el poder adquisitivo y tensiona las negociaciones salariales. En las calles, los conductores hacen cuentas y los analistas advierten que el precio del petróleo se ha vuelto una variable tan imprevisible como la propia política internacional. La nafta, una vez más, marca el pulso de la coyuntura: cada aumento en el surtidor es también una señal de cómo el país navega entre las mareas del mundo y sus propias contradicciones.
