La política argentina vuelve a sacudirse con un expediente que desnuda las fragilidades del Estado. Medio año después de que se destapara el escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el juez federal Sebastián Casanello decidió avanzar contra lo que describe como una “estructura organizada para delinquir”. El magistrado procesó a 19 personas, entre ellas Diego Spagnuolo, quien hasta agosto pasado ocupaba el sillón principal del organismo. La medida no sólo implica la imputación por asociación ilícita, sino también embargos que buscan frenar el flujo de dinero sospechoso. El más oneroso recae sobre Spagnuolo: más de 200 millones de pesos bloqueados, cifra que refleja la magnitud de las acusaciones en su contra. Se lo señala por haber recibido sobornos, maniobras fraudulentas y por incompatibilidades propias de su función pública. Casanello sostiene que, en los primeros meses del gobierno de Javier Milei, se consolidó un entramado de corrupción institucional con epicentro en la ANDIS. Funcionarios de alto rango y operadores externos, según el juez, actuaron de manera coordinada para direccionar contrataciones y favorecer negocios privados, en detrimento del interés general. La lista de procesados incluye a Daniel Garbellini, ex número dos de la agencia, y a los empresarios Miguel Calvete y Pablo Atchabahian, vinculados al sector farmacéutico. La investigación se concentra en el Programa Incluir Salud, donde se detectaron contrataciones con sobreprecios entre 2023 y 2025. El caso, más allá de sus protagonistas, expone un dilema recurrente en la política argentina: cómo los organismos destinados a garantizar derechos terminan convertidos en terreno fértil para la corrupción. La crónica judicial se entrelaza así con la crónica política, en un país donde los escándalos institucionales parecen repetirse como un ciclo difícil de quebrar.
